El exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn ha salido de Lledoners por primera vez este jueves 20 de febrero. Lo ha hecho para acudir a trabajar a la empresa de comunicación Mediapro, en la que ejercerá labores de jurista especialista en Derecho Público. El político permanece en régimen penitenciario desde noviembre de 2017, cuando entró en prisión preventiva por los hechos ocurridos durante el 1-O. El 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo le sentenciaba, en el bautizado como "juicio al procés", a 10 años y 6 meses de cárcel por sedición.
Joaquim Forn, en una imagen de archivo
A su salida de la cárcel, a las 7.37 horas de este jueves 20, el político era recibido por una de sus hijas y su cuñado, además de por la prensa. Sus familiares han sido los encargados de trasladarle en un coche privado hasta la ciudad de Barcelona, donde se encuentra la sede de Mediapro. No obstante, antes su hija ha querido inmortalizar el momento a las puertas del centro penitenciario con una fotografía, la cual ha utilizado más tarde Forn para informar de ello en su cuenta de Twitter: "Saliendo de la prisión de Lledoners, en el primer día de permiso para ir a trabajar después de 841 días sin libertad. Muchas gracias por vuestro apoyo".
Tot sortint de la presó de Lledoners, en el primer dia de permís per anar a treballar després de 841 dies sense llibertat.
— Joaquim Forn (@quimforn) February 20, 2020
Moltes gràcies pel vostre suport. pic.twitter.com/kVBXq6d3Xn
El nombre de Mediapro
El nombre de Mediapro no es la primera vez que sale en relación con el procés. La Fiscalía intentó incluir en la causa judicial al administrador único de la empresa de comunicación, Jaume Roures. Según la tesis del Ministerio, Mediapro fue una pieza clave para poder llevar a cabo el referéndum declarado ilegal, dado que la empresa fue la sede de un centro de prensa, el International Press and Broadcasting Center (IPBC), para poder acoger a los periodistas que se trasladasen a cubrir el suceso.
Además, detallaron que allí se trasladaron también los responsables del Govern para "realizar actos de carácter propagandístico y electoral", por lo que consideran que Mediapro fue un "elemento capital para la difusión del mensaje independentista". El nombre de Roures también quedó señalado desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que denunció que se pidiera 10 euros por día a cada periodista que quisiera acceder al mencionado IPBC, tachando el hecho de "un ataque frontal a la profesión periodística".
