La noche del martes 1 de octubre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala que comenzó con una importante noticia resonando en los medios de comunicación: la posibilidad de que Antonio David Flores tuviera que abandonar el concurso por orden de una jueza. El concursante había sido acusado por presuntos delitos de estafa procesal e insolvencia punible, tal y como informaba Nius, por lo cual se le había dado un plazo de 24 horas para abonar una fianza de 80.000 euros con los que haría frente a una responsabilidad civil.
Rocío Flores habla con Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP 7'
Jorge Javier Vázquez arrancó el programa conversando con Rocío Flores, hija del concursante, de quien quiso conocer la opinión sobre la información que había surgido en torno a Antonio David. "No tengo nada que decir respecto a eso. Es un tema judicial y no voy a entrar en temas familiares", aseguró la defensora del concursante.
"El tema judicial, es cosa de la Justicia", concluyó Flores, antes de asegurar que no estaba preocupada. "Nosotros, como programa, no hemos recibido ninguna notificación oficial ni judicial que nos obligue a sacar a Antonio David de la casa", declaró Jorge Javier Vázquez al respecto, antes de bromear con Rocío sobre la posibilidad de que hubieran recibido alguna notificación en su casa. "Si lo recibes me avisas, ¿no?", preguntó el presentador, bromista.
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A la espera
Ante la declaración de Jorge Javier, quedó patente que, al menos por el momento, Antonio David no abandonaría la casa de 'GH VIP 7' ante la firme decisión de la jueza, en la que no hay cabida a recurso alguno, por la que tendría que abonar los 80.000 euros a pesar de haberse declarado insolvente en 2013. De hecho, esa fue la razón por la que la acusación particular, liderada por Rocío Carrasco, habría pedido el embargo de sus actuales ingresos gracias al reality. Una vez que el concursante sea notificado de lo ocurrido y realice el ingreso indicado, se iniciará un proceso legal que desembocará en un nuevo juicio contra él, en el que se enfrentará a una posible pena de, mínimo, cinco años, cifra solicitada por el equipo legal de Rocío Carrasco: cuatro por delito de insolvencia punible y otro por presunto delito de estafa procesal.