Tras la denuncia interpuesta por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus+ por la presunta difusión de sus contenidos de pago a través de la red social, el futuro de Telegram en España sigue en el aire. La Audiencia Nacional ha dado un paso atrás este lunes 25 de marzo respecto a la decisión que el juez Pedraz tomó el pasado viernes de bloquear la aplicación en nuestro país. Esta medida cautelar daba un plazo de tres horas a las operadoras para eliminar el soporte de los recursos asociados a la aplicación de mensajería instantánea. La resolución se produjo por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual de los medios denunciantes, pero finalmente ha sido suspendida de forma temporal.
El juez Santiago Pedraz ha decidido retroceder en su decisión y solicitar a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe detallado que refleje las consecuencias que esta medida podría tener en los usuarios de la aplicación. Los medios demandantes acusan a la empresa de mensajería de actuar como soporte de redistribución de sus contenidos sin permiso, ignorando los derechos de autor de los mismos. En el auto que establecía el bloqueo a Telegram se detallaba la obligación para diez de las principales compañías de telecomunicaciones como Telefónica, Vodafone, Orange, Masmóvil y Digi Telecom.
Logotipo de Telegram
El magistrado explicaba en el auto de siete páginas que la decisión de bloquear cautelarmente el uso de Telegram en España era una medida "necesaria, idónea y proporcional" para poner fin a la reiteración delictiva de la aplicación por el uso lucrativo de contenidos audiovisuales elaborados por terceros. No obstante, la compañía de origen ruso sigue guardando silencio ante la polémica y todavía no se ha pronunciado al respecto ni responde a las peticiones de información que el juzgado ha tratado de solicitar.
Una decisión "excesiva"
Horas después de ordenar la suspensión de su medida, la Policía le ha entregado el solicitado informe que ha terminado por cambiar de parecer al juez. Así pues, ha asegurado que bloquear el acceso a Telegram sería "un claro perjuicio" para "aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas)". En suma, provocaría que todas esas personas no pudieran tener acceso a datos alojados en la aplicación de mensajería, así como dificultar las relaciones laborales, recoge elDiario.es.
El informe policial considera que bloquear Telegram no pondría fin a la piratería, ya que existen modos de ocultar la ubicación real para simular que estás fuera de España y tener igualmente acceso al contenido. Por otro lado, Pedraz ha asegurado que, según el escrito, esta medida ocasionaría "un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación, puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas", por tanto, estaríamos ante una decisión "excesiva" y "desproporcionada".
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Sin precedentes en Europa
En julio de 2023 se solicitó que Telegram informara sobre aquellos datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas que utilizaban la aplicación para infringir los derechos de propiedad intelectual de los medios denunciantes. Ante su falta de colaboración con la justicia, el juez Santiago Pedraz optó por bloquear en nuestro país el servicio de mensajería, una dura medida que no ha sido aplicada previamente en ningún otro país europeo. El principal atractivo de la aplicación es la seguridad que esta ofrece a los usuarios y quizás por ello no quiera revelar datos que afecten a su credibilidad y su imagen de marca.