El Ministerio Fiscal ha presentado sus conclusiones respecto a la Causa especial 3/20907/2017, más conocida como el juicio al procés. Los nombres de los 12 acusados son de sobra conocidos, pero ahora parece que uno más puede sumarse a la lista: Jaume Roures, administrador único de Mediapro, cuya empresa se menciona explícitamente en el documento, recuperando la tesis sostenida por la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Según detalla la Fiscalía, Mediapro fue la encargada de abrir en Barcelona un centro de comunicación: International Press and Broadcasting Center (IPBC), con el objetivo de brindar un lugar a la prensa internacional para poder seguir el referéndum del 1 de octubre, un acto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. "Estas instalaciones funcionaron de facto como alternativa a un centro logístico de la Generalitat", señala el texto, "de modo que en él se desarrollaron actividades institucionales propias de los locales que las instituciones públicas habilitan de forma habitual en citas electorales", prosigue, con la intención de detallar la relación entre la compañía audiovisual y el ejecutivo, acusado de "convocar y celebrar un referéndum ilegal de autodeterminación".
Sede de Mediapro en Barcelona
De hecho, se referencia que a la sede de Mediapro en Barcelona se trasladaron los responsables del Govern para "realizar actos de carácter propagandístico y electoral", entre ellos la rueda de prensa previa al referéndum en la que los Consejeros acusados, Turull y Romeva, y el vicepresidente Junqueras presentaron las urnas. También detallan que en el IPBC se celebraron las intervenciones institucionales a lo largo de la tarde del 1 de octubre.
Estas conclusiones presentadas por la Fiscalía fueron manifestadas con anterioridad por los atestados de la Guardia Civil, que señalaban a Jaume Roures como "elemento capital para la difusión del mensaje independentista". El empresario, finalmente, no fue imputado, mientras que los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis y Saül Gordillo, han sido procesados por procesados por el delito de desobediencia en la macrocausa que investiga la preparación del referéndum del 1-O en Cataluña.
Denuncian manipulación informativa
El Ministerio Público denuncia también "manipulación informativa sobre la realidad de lo que estaba sucediendo esos días". Manifiestan que se produjeron "prácticas sesgadas", en las que "se sugería el visionado de determinados vídeos o se pedía un enfoque concreto a través de un grupo de WhatsApp de periodistas internacionales que debían publicar en sus países esas informaciones".
Jaume Roures
El documento se apoya en un informe de Reporteros sin Fronteras, fechado el 28 de septiembre y actualizado el 13 de octubre, que recoge las denuncias de periodistas nacionales e internacionales sobre "las presiones y campañas de ciberacoso orquestadas desde las instituciones catalanas por informar con perspectivas o enfoques diferentes".
La FAPE y su comunicado
Reporteros sin Fronteras no fue la única institución de comunicadores en pronunciarse al respecto. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) emitió un comunicado titulado "Injustificable transgresión del Govern a la libertad de información". El texto se centraba en denunciar el hecho de que se pidiese 10 euros por día a cada periodista que quisiera acceder al centro de la empresa Mediapro. "Semejante medida constituye no solo un ataque frontal a la profesión periodística, sino también a toda la ciudadanía", sentenciaron.
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