La situación del personal de Radio Televisión Española (RTVE) es un asunto más que frecuente en las sesiones de control a los altos mandos de la Corporación. De hecho, los meses de octubre y noviembre han visto que parte de los trabajadores han denunciado su situación a través de las redes sociales. Incluso algunos de los rostros más reconocibles de la cadena han proporcionado su apoyo, lo que ha provocado que el Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, haya aceptado modificar el antiguo "plan Iceta".
María Jesús Montero, en el debate a seis de RTVE
El Ministerio liderado por Montero (PSOE) ha pactado con los partidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley con medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público. Esta iniciativa persigue la consolidación de la plantilla de la Administración, que estaría integrada por al menos 300.000 interinos en situación de "fraude de ley".
Unos 330 interinos de la Corporación pública han reclamado una solución durante meses, puesto que, muchos de ellos, llevan encadenando contratos temporales por más de una década. De esta manera, el acuerdo alcanzado abrió la posibilidad de "retener" sus plazas interinas mediante concurso de méritos a todos los que las hayan ocupado ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 2016; eso sí, siempre que no se hayan sacado aún a concurso. Las formaciones antes mencionadas habrían forzado al Ministerio a aceptar que los concursos para acceder de manera fija a las plazas interinas sean menos exigentes.
Además, el acuerdo parlamentario ha aceptado la ampliación del radio de acción del plan de consolidación propuesto inicialmente, por lo que incluirá a todos los trabajadores del sector público empresarial. Por otro lado, plantea la posibilidad de una indemnización a todos los trabajadores que estén en fraude de ley y no consigan quedarse en la plantilla.
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¿Qué perseguía el "plan Iceta"?
El borrador presentado por el socialista Iceta en junio de 2021 proponía la convocatoria de un concurso-oposición, en la que la fase del concurso pesaría un 40% y además se tendría "en cuenta especialmente la experiencia como empleado público". Por otro lado, ante las crecientes quejas de los interinos por lo que consideraban un "abuso de la temporalidad en el empleo público". Así, el plan planteaba sancionar el incumplimiento de la administración con respecto a los plazos máximos de permanencia, que se redujeron a tres años. De esta manera, el personal interina que viera vulnerada esta medida recibiría una indemnización de 33 días por año trabajado.