La organización de el debate electoral del 4 de noviembre está trayendo más que un quebradero de cabeza para las principales emisoras, RTVE y Atresmedia. El último jarro de agua fría que ha caído sobre ellas es la noticia de que sus moderadores -Ana Blanco y Vicente Vallés-, no podrán formular ninguna pregunta a los candidatos políticos. Su papel queda así relegado al de mero introductor de los bloques, algo muy diferente al modelo que pudimos ver en las pasadas elecciones del 28-A.
Los candidatos a la presidencia en el anterior debate organizado por RTVE
Eso es lo que ha pactado la Academia de Televisión (ATV), el organismo encargado de organizar la cita, con los cinco candidatos a la presidencia: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Y si bien es cierto que es el modus operandi que se ha seguido en los cara a cara entre políticos, tanto Xabier Fortes como Ana Pastor y Vicente Vallés, en los debates pasados, pudieron preguntar y reconducir a los ponentes.
Según ha podido saber El País, ambos operadores están completamente en oposición a un formato que consideran "encorsetado y antiperiodístico" y ya han advertido a la ATV que se ha adelantado a pactar algo que ellos no aceptan. Es por ello que la Academia tiene prevista una nueva reunión con los partidos para modificar el pacto y permitir que los periodistas puedan formular preguntas.
Una brecha que va a más
Si bien la reacción de las cadenas se ha dado más en petit comité, otros periodistas han querido criticar la decisión de la ATV en público, como ha sido el caso de Ana Pastor, la encargada de moderar el debate de Atresmedia en las dos últimas elecciones generales, que ha tildado en su cuenta de Twitter de "vergüenza" que no se pueda realizar preguntas.
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Esta noticia no hace más que abrir la brecha que hay entre la ATV y las operadoras, sobre todo en el caso de RTVE. Y es que la cadena pública ofreció sus estudios de Prado del Rey y todos sus recursos técnicos y humanos para la celebración del debate, reduciendo así sobremanera la factura y eludiendo a la Corporación de pagar su parte, que se estima ha quedará en unos 200.000 euros. Ante la negativa, exigieron a la Academia un desglose pormenorizado de todos los gastos del evento.