"La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de poderes públicos".
Con este texto, entraba en vigor en diciembre de 2014 la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Junto a ella, nacía también el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), cuya finalidad es "promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones del buen gobierno".
Su creación era una buena noticia para la ciudadanía, pero no tanto para algunos organismos públicos, como RTVE, que, en datos de Maldita.es, ha incumplido todas las resoluciones del CTBG. Según las cifras a las que ha tenido acceso dicho portal, la Corporación recibió, a fecha de 27 de septiembre de 2018, un total de 86 solicitudes, de las cuales se tramitaron 83. Aceptadas fueron algo más de la mitad, 48, mientras que de aquellas que fueron rechazadas y recurridas por el Consejo de la Transparencia, RTVE nunca envió los datos al solicitante. De hecho, siempre han acabado por interponer un recurso contencioso administrativo contra ellas.
Carlos Herrera en '¿Cómo lo ves?'
De entre tales recursos, este mes de febrero, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo ha emitido dos fallos en contra del ente público, por el caso de la compra de películas a la empresa de Enrique Cerezo y por el costo del programa de Carlos Herrera, '¿Cómo lo ves?'. Ambas peticiones de información fueron interpuestas por Samuel Parra, director de ePrivacidad y especialista en protección de datos, privacidad y transparencia en la Administración Pública, y ambas llevan el mismo camino, terminar en el Supremo, a no ser que RTVE desista en el procedimiento y acceda a dar los datos.
Los contratos de Enrique Cerezo y Carlos Herrera
En febrero de 2016, Parra solicitó a la Corporación la copia del contrato de la compra de 100 películas de cine español, por un importe de 1,3 millones de euros, a Mercury Films, empresa propiedad de Enrique Cerezo. El ente se negó a proporcionar tal información, incluso alegaron, tal y como comenta Parra en conversaciones con este medio, que este "tenía una fijación especial contra ellos". "Me sorprendió un montón. A día de hoy he hecho como 100 peticiones de información y, de esas, creo que a RTVE solo han sido siete u ocho", explica. "No es que tenga una fijación especial, pero es una entidad que maneja millones de euros y me gusta saber en qué se gastan algunas cosas".
Así las cosas, el CTBG emitió un fallo en favor de Parra, instando al ente público a dar dicha información, pues tal y como recoge el apartado a) del Artículo 8 del Capítulo segundo de la Ley de Transparencia, "todos los contratos públicos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación y el procedimiento utilizado para su celebración" son "sujeto" de publicación. RTVE recurrió la resolución al Juzgado Central del Contencioso-Administrativo, que, de nuevo, falló en favor de la petición de Parra.
Enrique Cerezo
El caso se encuentra ahora en la Audiencia Nacional. El experto en seguridad se atreve a vaticinar qué ocurrirá si la AN también le da la razón: "Imagino que recurrirán". Parra hace la misma predicción para el programa de Carlos Herrera '¿Cómo lo ves?', el cual empezó en 2016, cuando el experto en privacidad solicitó al ente público los contratos relativos al programa y el coste del mismo. El pasado 5 de febrero, el mismo juzgado madrileño volvió desestimó el recurso de RTVE y, además, lo condenó a pagar las costas.
La primera victoria, Eurovisión 2015
Parra sabe que los dos procesos irán por el mismo camino porque ya ganó una batalla similar contra la Corporación en el pasado, concretamente por la publicación del coste del Festival de Eurovisión de 2015. El ente fue recurriendo hasta última instancia, el Supremo, que terminó fallando en favor del CTBG y condenando a RTVE al pago de todas las costas. Sobre este punto, cabe matizar que la condena en pago de costas no sale del bolsillo de RTVE, sino del de todos los contribuyentes, que son los que la financian con sus impuestos. Además, su defensa se ejerce por parte de la abogacía del Estado, lo que aumenta el coste de la factura y disminuye el dinero en el bolsillo del ciudadano, víctima doble de la negativa del ente a ceñirse a la ley de Transparencia y a los dictámenes del Consejo.
-Pero, a sabiendas de esto, por qué recurren
-"Pues no lo se", expresa Parra. El experto admite que puede llegar a entender que no quieran publicar lo que cuesta ir a Eurovisión, porque cabría un debate sobre si es rentable ir o no al festival, pero se muestra sorprendido por su negativa a publicar los contratos con la empresa de Cerezo o el programa de Carlos Herrera. "Eso ya te dice la ley que tiene que estar publicado. Las sentencias sobre esto son muy sencillas: 'me da igual lo que me alegues, hay una ley que te dice que tienes que publicarlo'. Con eso, que se esté dejando dinero público en este tema... Es incomprensible", dilucida.
De hecho, estos no son los únicos recursos que tiene pendientes. El pasado 5 de octubre de 2018, la Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación de la Corporación contra el fallo del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid, que insta a RTVE a publicar la información sobre las retribuciones percibidas en 2014 y 2017 por su personal directivo, tal y como se señala en el Apartado f) de la Sección 1, Artículo 8, Título II de la citada ley. Por otro lado, este mismo enero, RTVE interpuso otro recurso, este en el Juzgado Central Contencioso Administrativo número 4, contra un dictamen del CTBG, que reclamaba la publicación de las actas de su Consejo de Administración.
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Sin embargo, también ve el lado positivo. Relata que muchas veces las llamadas no son intimidantes, sino peticiones para que pregunte por ciertas cosas que desde dentro de las organizaciones no se pueden denunciar. Gracias a la repercusión mediática de estos casos, como fue el de Eurovisión 2015, cada vez hay más portales, medios y ciudadanos que reclaman lo que es suyo, la información, por lo que parece que poco a poco se va abriendo un camino a la transparencia. Queda por recorrer, sí. Pero ya hay parte del camino andando.