Las televisiones en abierto califican de "discriminatoria" la nueva Ley Audiovisual y piden su revisión

El nuevo Proyecto de Ley Audiovisual parece estar levantando ampollas entre los operadores nacionales. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), a la que pertenecen Atresmedia o Mediaset, ha emitido un comunicado mostrando su malestar por las medidas aprobadas en este edicto, el cual ha resultado clave para desbloquear los Presupuestos Generales del Estado y, en principio, entrará en vigor a partir de 2022. Desde la patronal de las televisiones acusan al Gobierno de agravar la discriminación al establecer "normas exclusivas para las compañías españolas", pese a no contar con la obligación de hacerlo por parte de la directiva europea.

Las cadenas privadas alzan la voz porque consideran que este Proyecto "condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único y en el que no caben distinciones regulatorias". Y, es que, al incluir normas que no están contempladas en Europa, desde UTECA creen que se les está situando en una patente desventaja competitiva respecto a las multinacionales extranjeras, concretamente las francesas propietarias de grandes productoras españolas, que se beneficiarían de la "obligación de multiplicar por cuatro la inversión en producción independiente".

De igual modo, apunta al caso omiso que han recibido por parte del Gobierno, desde donde no se ha apostado por un equilibro entre los operadores nacionales y las plataformas de pago: "Ha desoído la reclamación de las televisiones en abierto para que dicha ley establezca una competencia equilibrada, con los mismos derechos y las mismas obligaciones para las televisiones en abierto y las plataformas internacionales de video on demand (Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Disney+) y de compartición de videos (Youtube y Facebook)", expresa con malestar en dicho comunicado.

En busca de la igualdad

Según explica la patronal, estas plataformas internacionales no estarán obligadas a producir contenidos en lenguas cooficiales, por lo que podrán eludir la norma de ofrecer un 6% de las producciones en catalán, euskera y gallego. Por otro lado, las cadenas privadas también consideran discriminatorio que "el texto mantenga limitaciones publicitarias a la televisión cuando no las puede imponer a las plataformas de compartición de vídeo", así como que las plataformas internacionales destinen a la financiación de las televisiones públicas solo un 1,5% de los ingresos que generan en España, o lo que es lo mismo, "la mitad de lo que están obligadas por ley las cadenas privadas españolas".

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto ha solicitado por último una revisión de esta nueva Ley, con el objetivo de equilibrar fuerzas con los gigantes digitales del ámbito internacional: "Esperamos que, durante la tramitación parlamentaria, tanto el Gobierno como los grupos políticos modifiquen el Proyecto de Ley para facilitar una competencia equilibrada", ha añadido para concluir.