La Junta Electoral Central (JEC) ha sancionado con 1.200 euros de multa a TV3 por emitir el documental 'Un procés dins del "procés"' en plena campaña electoral de cara a los comicios generales del pasado 28-A. La razón radica en que, según el organismo, transmite un "mensaje legitimador de la causa separatista", lo que entra en contradicción con el principio de neutralidad que exige la Ley electoral.
Fotograma de 'Un procés dins del "procés'
Según el organismo encargado de regular las elecciones, el documental transmite "una imagen de victimización de un sector de la sociedad catalana". En la resolución, se han transcrito varios fragmentos de entrevistas a familiares de los políticos independentistas presos que se incluyen en el filme y que, consideran, tienen la capacidad para "quebrantar los principios de proporcionalidad y neutralidad" que debería seguir el medio público", generando así un "desequilibro" entre los distintos partidos que se presentaban a los comicios.
La JEC ha fallado en favor de una petición de Ciudadanos, que recurrió una resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que desestimó, en un primer momento, la misma causa. Según el partido liderado por Albert Rivera, el documental va en contra de los principios de "pluralismo político y social, así como la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa" que se debe mantener en el periodo electoral, tal y como se recoge en el artículo sesenta y seis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
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Quim Torra también ha sido sancionado
El mismo organismo ha multado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, con dos multas, de 3.000 y 2.500 euros, por vulnerar la neutralidad informativa que se debe mantener en campaña electoral con varios mensajes institucionales enviados en la festividad de Sant Jordi. En ellos, el presidente felicitaba a varios funcionarios de la Generalitat agradeciéndoles que hubieran aguantado el "timón de la nave" en momentos complicados, haciendo referencia al "nefasto 155" o a los políticos presos. Para la JEC, esto atenta contra los principios de "transparencia y objetividad" que debe mantener una institución pública durante el procesos electoral.